Siglo XXI: la primera década Mexicana. Una delicada novedad

Siglo XXI: la primera década Mexicana.

Una delicada novedad

Francisco Valdés Ugalde

En México, el Siglo cronológico y el político comenzaron a destiempo. En 2000 el país se pellizcaba los brazos para saber si dar crédito a lo que habían ocasionado sus ciudadanos: la primera alternancia política desde la consolidación en el poder de las facciones triunfantes de la revolución mexicana. Pero ese tramo del ciclo político fue inaugurado por las reformas electorales de 1996 y el dato de fondo al que hicieron lugar: la pérdida de mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados en 1997. Estos cuatro años finales del Siglo XX solidificaron la convicción de que el cambio democrático era posible por medios pacíficos y que el antiguo régimen de partido hegemónico podía ceder su lugar a una democracia de ciudadanos y partidos políticos en un ambiente de pluralismo.

Lo que escapó al alcance de la imaginación era la forma en que el cambio de la política electoral afectaría al conjunto del sistema político y al comportamiento de otras dimensiones de la vida colectiva como la sociedad y la economía.

Para entender mejor lo que ocurrió en nuestra primera década del nuevo siglo es necesario remontarse a una historia preliminar que tiene su desenlace hacia 1994. En ese entonces, cuando muchos de los que hoy pueden leer estas letras no habían nacido, llegaba a su término el periodo sexenal de Carlos Salinas de Gortari. Su gobierno había llevado a cabo el programa más ambicioso de reformas económicas que había visto el país desde los años treinta

El fracaso del proyecto salinista ¿a la espera para recomenzar?

En el período de Salinas, el establishment político comenzó a usar la expresión “reforma del estado”. Durante su campaña presidencial, Salinas abogó por un programa de modernización que sería la base de las políticas para su gobierno.

Su programa fue visto por muchos observadores como una política que buscaba transformar las relaciones estado-sociedad civil desde el nacionalismo revolucionario centrado en el estado fuerte y centralista hacia relaciones sociales más individualistas y políticas estatales menos intervencionistas. Diputados del PAN que aprobaron estos cambios solían decir que Salinas era un “panista” antes que un priísta porque estaba gobernando el país con su programa político. Sin embargo, esto no fue exactamente como ellos lo hubieran querido.

El gobierno de Salinas dedicó una cantidad importante de energía y recursos a desplazar el nacionalismo revolucionario mediante el establecimiento de las bases de una nueva ideología, el “liberalismo social”. En su discurso político el principal motivo rector de la nueva ideología del estado y sus políticas fue el estrechamiento de la acción estatal para priorizar los problemas sociales antes que la intervención en la economía. Con la excepción de algunos sectores “estratégicos”, la economía quedó en manos de los inversores privados y el estado se despojaría de los principales recursos industriales que manejaba.

El gobierno, pensaba Salinas, dirigiría el desarrollo de programas sociales focalizados en marginalidad, pobreza, analfabetismo, construcción de infraestructura y atención de salud para la población pobre. El sector privado debería asumir la responsabilidad por el crecimiento económico en un contexto de nuevas oportunidades creado por la actitud gubernamental pro iniciativa privada y por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La apertura de la economía que se daba desde la década del 80, contribuiría a hacer más competitiva la economía mexicana y a modernizar el sector privado para volverlo el motor del dinamismo económico.

El liberalismo social implicaba la sustitución del nacionalismo revolucionario como ideología del PRI y del Estado mexicano. En el LXII Aniversario del PRI en 1992 el liberalismo social fue “adoptado” por el PRI como su credo oficial. En un discurso dirigido a la convención nacional de este partido, el presidente Salinas dio las coordenadas de la ideología que debería acompañar las nuevas políticas. La intención de ese discurso ideológico fue sentar las bases sobre las que se reformaría el estado.

No obstante, la implementación de esta estrategia dependía de la capacidad de las instituciones políticas y los actores para moverse en esa dirección, y ésta es justamente el área en que los problemas aparecieron. La cara más débil de la “reforma del estado” fue la política. Desde su inicio la estrategia salinista aparece como una perestroika sin glasnot, esto es, una estrategia que demuestra resultados deficientes en transiciones desde gobiernos autoritarios. Varios escritores políticos sostuvieron que las políticas de reforma de Salinas carecieron del apoyo social y político necesario. Si bien el programa de solidaridad creó nuevas adhesiones electorales (un objetivo que fue abortado posteriormente) y las encuestas de opinión lo favorecieron, en el largo plazo se necesitaban reformas políticas profundas para sostener esas reformas. Sin la apertura del sistema político no podría ser procesada la competencia política de los partidos que representaban fuerzas emergentes. Desde el supuesto de que las políticas gubernamentales afectaron las raíces corporativas del PRI, la reforma del estado dependía exclusivamente de una posibilidad de formación de una coalición capaz de conducir el gobierno que generara un nuevo consenso de integración nacional, económico y político. Desde ese período en delante, el principal problema que subyace a la viabilidad de las reformas salinistas fue su desempeño político. En síntesis, si sus planes de reconstrucción del consenso ideológico en un estado renovado hubieran sido tomados seriamente, debería haberse llevado a cabo una profunda reforma política. Sin embargo, esto se haría, pero no se consiguió.

El proyecto fracasó. Los eventos que se siguieron al año nuevo de 1993, fueron desastrosos para esa estrategia. Entre ellos, la aparición del movimiento Zapatista, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y Ruiz Massieu (líder de la bancada priísta en el Congreso), el mantenimiento de la influencia electoral de los partidos de oposición, y por último pero no por ello no menos importante, el “error de diciembre” de 1994, que sumió a la economía en la peor crisis económica experimentada por las generaciones vivas. La muerte del candidato presidencial del PRI fue la muerte de la siguiente fase del proyecto que era la renovación sistema presidencialista de partido hegemónico cuya declinación lindaba en la agonía frente a movimientos y organizaciones sociales y políticos que lo rebasaban electoralmente y en la vida pública.

A estos hechos sucedió el gobierno de Ernesto Zedillo, que se inició en medio de fuertes diferencias con su antecesor. Un hermano del expresidente Salinas fue procesado por cargos de corrupción y el “error de diciembre” se mantuvo como un motivo de acusación mutua sobre quién había tenido la culpa de la crisis económica del 95. En todo caso, las diferencias se convirtieron en ruptura. Mientras que las bases del proyecto económico previamente descrito se mantuvieron, el proyecto político se modificó radicalmente. La crisis económica de 1995 representó un retroceso social importante. Mientras que la economía en su conjunto requirió (y obtuvo) un rescate promovido por el presidente de Estados Unidos, los progresos hechos en materia social por los programas previos de atención a la pobreza y la mejoría en el ingreso de capas medias involucionaron.

Fue entonces que se pactaron nuevas reglas para el juego político. En esencia, en vez de buscar el restablecimiento de la capacidad mayoritaria del partido hegemónico se adoptó la senda del pluralismo democrático. El primer paso fue liberar a las autoridades electorales del control gubernamental, que había sido uno de los instrumentos principales para detener el crecimiento de organizaciones políticas alternativas al PRI. De este modo el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especial para Delitos Electorales fueron constituidos con vida propia y autonomía del poder político suficientes para garantizar equidad en la competencia electoral. En la medida que este objetivo se consiguió el electorado expresó un pluralismo político que nunca se había visto y que tampoco habían experimentado generaciones anteriores. Como reza el refrán, “una imagen dice más que mil palabras”. Una muestra de ello se puede ver en las gráficas siguientes

Gáfica 1

gráfica 2

gráfica 3

gráfica 4

gráfica 5

Esta dispersión de los votos fue determinada por los electores, pero también porque se impulsó un sistema de partidos fuerte apoyado predominantemente por financiamiento público. El año de 1996, los cambios negociados entre el gobierno, el partido que hasta entonces había sido mayoritario cuando no hegemónico, negociaron estas reformas electorales cuando aún les era posible mantener un alto perfil en la negociación de sus condiciones. Cabe decir que no fue la oposición la que impuso sus condiciones, sino que en el intercambio con el gobierno y el partido oficial se consiguió un nuevo equilibrio que favorecía la igualdad de circunstancias de los partidos más consolidados ante el electorado.

De lo anterior se puede concluir que el cambio democrático no es irreversible y que las aspiraciones hegemónicas siguen presentes y buscan su oportunidad.

Triunfo y atasco

El año 2000 fue entonces un año de triunfo opositor largamente acariciado que inauguró una nueva etapa en el desarrollo político de México que probablemente alcanzará dimensiones históricas, para bien o para mal.

El gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada intentó realizar un conjunto de innovaciones en varios frentes. La política exterior fue reconsiderada bajo nuevas bases doctrinales para dar un giro del criterio de autodeterminación de los pueblos y no intervención hacia el compromiso con los principios democráticos y de derechos humanos como nueva base de una política internacional. Recibió fuertes resistencias desde la oposición y de instituciones como el Senado de la República en que los partidarios de la llamada  Doctrina Estrada objetaron la nueva política exterior.

En la política interior el reto principal delineado por el propio presidente Fox fue la adecuación de las instituciones políticas a la nueva situación democrática. En el que fue probablemente el discurso más importante de su periodo de gobierno, pronunciado en el Palacio Nacional el 5 de febrero de 2001, aniversario de la Constitución, hizo un llamado a realizar los cambios necesarios en el régimen político para hacer de él un régimen democrático en el que si bien se había conquistado el derecho a elegir libremente a los gobernantes aún faltaba mucho por hacer en la transformación del sistema de gobierno en una entidad moderna, transparente y responsable frente a los ciudadanos y no únicamente frente a los poderes establecidos.

Su gobierno no consiguió hacer avanzar este proceso que fue denominado públicamente como la “reforma del Estado”. Las iniciativas de ley o de reformas que se enviaron al Congreso de la Unión sumaron cientos, pero ninguna de las más importantes pudo ser concertada. Destacan entre ellas los intentos por hacer cambios de fondo al sistema fiscal o al de producción energética. De la multimencionada Reforma del Estado sólo se habló pero no alcanzó resultados. Únicamente fue posible hacer avanzar cambios en el marco de la transparencia de la información pública gubernamental y en algunos aspectos electorales a nivel federal.

El equilibrio equitativo en lo conseguido con las reformas electorales de 1996 se concretó en lo político en un empate técnico entre las fuerzas partidarias que, distribuidas en los poderes y órdenes de gobierno concretó una situación que elevó exponencialmente el costo de negociar acuerdos legislativos y de política pública. Se ha vuelto proverbial decir que este problema está centrado en las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero hay evidencia suficiente para decir que esta es solamente una parte del problema.

Lo ejemplifica el surgimiento de un poder de facto que no existía en el pasado: la coalición de gobernadores conformada en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Al ponerse fin al control electoral se liquidó la centralización de todas las decisiones fundamentales de la política nacional que descansaban principalmente en el Presidente de la República y en el partido oficial. A partir de 1997, pero sobre todo desde 2000 los gobiernos de las entidades federativas registraron el vacío de una descentralización derivada del pluralismo electoral a la que no siguieron acuerdos correspondientes que modificaran la estructura de control gubernativo por parte de los gobernadores sobre las legislaturas, los municipios y los tribunales superiores de justicia. De este modo, lo que a nivel nacional se ha percibido como una dispersión implosiva del poder, en la mayor parte de las entidades federativas ha repercutido de modo similar pero con la variante de que en estos espacios los ejecutivos locales tienen más poder relativo que el presidente para sacar adelante sus agendas de gobierno.

Buena parte de la explicación de este hecho deriva de una “solución” ad hoc al problema: la distribución presupuestal a partir de presiones desde la periferia hacia el centro. Los recursos del erario público descansan en una proporción enorme en la recaudación fiscal de la Federación. En la primera década del Siglo XXI esta proporción ha sido cercana al 90%. La tradición centralista y hegemónica del autoritarismo corrió pareja, como no podía ser de otro modo, con el monopolio recaudador por parte del gobierno central, que fue un instrumento de control y regulación de la disciplina política de los actores políticos en las entidades federativas. Este rasgo se mantiene en la estructura del Estado. En la situación actual el problema tiene dos caras. Por una parte, a los gobiernos estatales no les conviene ante la ciudadanía aumentar su autoridad recaudadora como tampoco depender en demasía del gobierno central. Pero de los males el menor; entre depender del gobierno central para la obtención de recursos fiscales o dañar su imagen ante los electores de las localidades los gobernadores han optado por la primea opción. Sin embargo han encontrado el modo de hacer menos desventajosa esta condición de dependencia negociando en bloque desde la CONAGO con las autoridades centrales. Esto les ha permitido conseguir un trato favorable que, además, es apoyado en el Congreso por las bancadas de sus respectivos partidos.

Entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial también ha habido un empantanamiento. Al carecer de mayoría en el Congreso debido al sistema de votación y a la composición de los partidos políticos el partido en el gobierno se ha topado, en dos periodos sexenales consecutivos, con una gran dificultad para conseguir los votos para sacar adelante sus proyectos legislativos y de políticas públicas. A pesar del gran poder de “ordenanza” que tiene el Ejecutivo mexicano, la Constitución da al Congreso facultades en diversas materias que los hacen un poder fuerte ante los demás. Habiendo una división pluralista del electorado que ha dado lugar en tres ocasiones (Zedillo, Fox y Calderón) a que el triunfador de la elección presidencial lo sea por una mayoría relativa, no absoluta, de los votos, esto se ha traducido en el Congreso en que ninguna bancada partidaria tanga tampoco mayoría absoluta en ninguna de las Cámaras.

Por lo que se refiere al Poder Judicial, en la medida en que las reformas que condujeron a disminuir su dependencia del poder Ejecutivo comenzaron en 1994, antes de las reformas que llevaron a la democratización electoral, ha unificado las características de un tribunal de casación y de un tribunal constitucional. Esto quiere decir que es la autoridad jurisdiccional de última instancia de la constitucionalidad, tanto en lo que respecta a los derechos de los particulares como a los equilibrios del poder. En este último sentido, destacan las facultades otorgadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de “acciones de inconstitucionalidad” y el ejercicio de las que ya tenía pero poco practicaba en materia de “controversia constitucional”. Ambos instrumentos, principalmente, han sido de utilidad para dirimir diferendos entre poderes, ya sean estos órdenes de gobierno, partidos políticos o Poderes de la Unión. Lamentablemente, no ha ocurrido lo mismo en el plano de la justicia “ordinaria”, la que afecta a la mayor parte de los ciudadanos en sus asuntos particulares. El movimiento de la gran maquinaria del Poder Judicial no ha coadyuvado lo necesario a la consolidación de la democracia en el ámbito de la vida de las ciudadanas y ciudadanos del país. Estos siguen sin ver reflejada en la medida razonablemente exigida por la sociedad la consecuencia de la democratización política en un mejor desempeño de la justicia para todos. No hay encuesta, sondeo o índice de percepción que no refuerce esta idea.

Democracia contra régimen político.

Si los síntomas conducen al diagnóstico de la enfermedad ¿cuál es el problema principal que arroja la década que concluye? A mi modo de ver el problema central es la incapacidad del régimen político para recoger en el ejercicio del gobierno y del poder la pluralidad de la sociedad mexicana.

Varias de las instituciones heredadas por nuestra generación son el problema más importante en el atasco de la política para generar una gobernanza virtuosa. Desde luego, el sistema presidencial es una de ellas. Ideado en el Siglo XVIII para responder a una partición social binaria en la que habría permanentemente dos grandes partidos o visiones ideológicas: conservadores y liberales, demócratas y republicanos, etc., el sistema presidencial sólo puede operar en condiciones de pluralismo democrático por dos vías. Una de ellas es la creación de mayorías artificialmente mediante reglas que impliquen que quien obtiene la mayoría relativa consiga la mayoría absoluta para gobernar. Pero esta fórmula atenta contra el pluralismo en aras de una idea estrecha de la gobernabilidad. Otra opción es la búsqueda de una fórmula que permita la formación de mayorías pero no imaginarias, sino explícitas. La institución del “ballotage” mejor conocida como “segunda vuelta” fomenta la formación de mayorías impidiendo marginar a un sector del espectro ciudadano pues aunque fue instituida (en Francia a mediados del Siglo XIX) para fortalecer la representatividad del Poder Ejecutivo ofrece a los electores la oportunidad de dar su voto a uno de los dos “finalistas” en la carrera presidencial. Al tener este efecto fomenta la formación de coaliciones entre partidos o candidatos que quedaron rezagados favoreciendo la negociación de los programas de gobierno, lo que los hace susceptibles de recoger un arco mayor de preferencias sociales.

Desde luego, la segunda alternativa es notablemente superior a la primera, pues fuerza a los partidos y dirigentes políticos a profundizar la representatividad de sus acciones de gobierno y a disminuir la cantidad de “perdedores” que quedan fuera del gobierno o del parlamento una vez terminado el proceso electoral. Naturalmente, entre más heterogéneas son las sociedades tenderán a darse un mayor número de opciones políticas. Los sistemas de partidos bien construidos buscarán unificarlas lo mejor posible para evitar la dispersión absoluta, pero es razonable pensar que ese tipo de sociedades será mejor representada y desarrollada por una “locomotora” capaz de uncir más y no menos vagones en su arrastre. Desde luego es una opción que requiere más esfuerzo e imaginación, pero eso no debería ser un obstáculo si una concepción avanzada de la ciudadanía ha adquirido carta de naturalización en el sistema político.

Otra ruta posible es la que implica la moderación del sistema presidencial injertándolo de modalidades parlamentarias. Ello implica, empero, más imaginación y arrojo, más cultura política y cívica, y más apertura ideológica para poner sobre la mesa de la negociación todas las preferencias sociales y alternativas políticas sin afanes hegemónicos ni intolerancias a la otredad, como le llamó Octavio Paz. En síntesis, para pensar en un cambio de sistema, se requiere de una condición que no se ha reunido en México: la de una sociedad abierta (Karl Popper).

Pero volvamos a las herencias. Además del presidencialismo que nos dieron los padres de la patria, el bloque triunfador de la Revolución Mexicana, encabezado sucesivamente por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas del Río operó una cirugía mayor a la Constitución de 1917 quitándole los aspectos democráticos que el Constituyente había recuperado de 1857 o había introducido en ella. Entre 1928 y 1933 se suprimió la autonomía del Poder Judicial sometiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la esfera de voluntad del Presidente; se eliminó la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes; se atrajo al gobierno central facultades que previamente estaban en manos de las legislaturas de los estados, y se centralizó el control sobre los municipios. Estas fueron algunas de las bases principales que hicieron posible la instauración del sistema presidencialista de partido hegemónico, como denominó Giovanni Sartori al sistema mexicano prevaleciente antes de la democratización.

Con la excepción de la primera de estas reformas, las demás siguen vigentes y no existe aún acuerdo político para removerlas y dar paso a un régimen democrático de gobernar; a una arquitectura constitucional y de cultura política de nuevo tipo.

Legitimidad y conflicto. Las opciones en disputa.

Estas condiciones institucionales aunadas a no pocos ejemplos de irresponsabilidad han contribuido al deterioro político, al desprestigio de la democracia y al bajo o mal desempeño de gobiernos, de legisladores y del sistema en su conjunto con el correlato de irritación ciudadana que ha ido en aumento.

Un momento particularmente complejo se produjo hacia la mitad de la década. En el año 2006, para ser precisos. La aparición de un liderazgo carismático en la izquierda, el de Andrés Manuel López Obrador, condujo a la elección presidencial más reñida hasta nuestros días. En el proceso electoral las encuestas de intención de voto daban ventaja considerable al candidato de la izquierda. El PAN y su candidato, Felipe Calderón Hinojosa, hicieron un cambio drástico de estrategia electoral 4 meses antes de la elección y comenzaron a repuntar en la intención de voto. El PRI y su candidato, Roberto Madrazo Pintado recibió poca aceptación del electorado y se mantuvo en un lejano tercer lugar frente a los contendientes principales.

Naturalmente, el proceso electoral, especialmente en los últimos meses y durante la jornada electoral se distinguió por la polarización. En una concreción del precario equilibrio entre fuerzas y sistema político originado en las normas negociadas al proceso de democratización, la misma institución que permitió equidad en las contiendas anteriores recibió en esta ocasión una presión tremenda. Una presión indebida por parte de los partidos políticos en la disputa. El resultado de unas elecciones que fueron limpiamente organizadas por la autoridad electoral y vigiladas por millones de ciudadanos, al resultar tan cerrado entre el primero y el segundo lugar (menos de 0.4%) llevó la polarización a las calles, a los medios de comunicación y, peor aún, al socavamiento de la legitimidad de las elecciones y su sistema institucional.

La postura adoptada por el candidato perdedor, Andrés Manuel López Obrador, fue de rechazo al resultado electoral, mismo resultado que fue validado por las distintas instancias de autoridad participantes en la calificación de la elección conforme a las reglas conformadas y aceptadas previamente por todos los partidos políticos. La elección presidencial de 2006 revivió los ánimos del fraude electoral, el perdedor del segundo lugar hizo el intento de cuestionar la elección con plantones y movilizaciones que fueron perdiendo fuerza en la opinión pública aunque endureciendo la posición de los primeros perdedores que trataron de impedir la asunción del Presidente con la ocupación de la tribuna de San Lázaro. Felipe Calderón tomó posesión en un apretado rincón de la tribuna legislativa e inició uno de los gobiernos con mayores dificultades en todos los frentes de los últimos tiempos.

Es revelador de este conflicto que las opciones en disputa dividieron al país y lo llevaron a un momento riesgoso de polarización. Pero también revelaron con mayor claridad de lo que la conciencia pública se había percatado previamente que el trasfondo del problema no era ni es únicamente de posturas ideológicas o programáticas sino del modo como estas se procesan en el sistema político, de las reglas de funcionamiento del sistema electoral para propiciar la formación de consensos y, al último pero no menos importante, de cultura política para el debate y la negociación entre posturas que no parecen dispuestas a hacerlo.

En toda democracia hay discrepancia, y en toda democracia que se precie de ser de buena calidad, ningún actor fundamental puede esperar, mucho menos pretender, que su punto de vista sea único o prevaleciente; que los demás deben aceptarlo sin chistar o sometidos. Algo de esto ha quedado en la cultura política nacional. A pesar de que la sociedad ha aceptado el pluralismo político y la tolerancia, y que este parece estar enraizado en la mayoría de la población, las opciones políticas en la contienda no lo han asumido plenamente. El aferramiento a principios doctrinales que parten del supuesto de que tienen que ser acatados por todos; que no se vale ponerlos en duda o cambiarlos hacen más difícil transitar por el camino democrático, en el que no puede haber otra cosa que negociación ajustada a los derechos fundamentales y a la perspectiva de ampliar su universo: más derechos para cada uno, más derechos para todos.

Los actos de gobierno, las iniciativas de política pública, los proyectos de reforma más trascendentes se han topado continuamente en la década con los juegos de estrategia de los actores políticos para usar las instituciones en provecho de sus intereses particulares. No se afirma que solamente haya hecho esto y que ninguna de sus acciones no sea beneficiosa y hasta encomiable. Lo que se quiere decir es que la peculiar disposición institucional a que ha dado lugar la atípica democratización de México, en la que por una parte se ha optado por la equidad electoral pero en la que, al mismo tiempo, se han mantenido rasgos fundamentales de una estructura constitucional y legal originada en y creada para servir a los fines del autoritarismo siguen presentes, siguen modelando la actividad de los actores, siguen recreando intereses sin contar ya con el dispositivo fundamental que los hacía “funcionales”: la suprema autoridad presidencial y el partido hegemónico.

Trátese de reformas fiscales, laborales, educativas o del sistema político; llámense políticas contra el crimen organizado, de reforma energética, de los sistemas de salud o de política exterior, lo cierto es que priva una grave ausencia de disposición para el consenso. Y el consenso no puede ser más que fruto de la negociación. De esto es de lo que se trata la democracia y no se puede salir del atasco sin una identificación compartida del problema.

Los poderes de hecho, la corrupción continúan siendo lacras que no se han desterrado. Puede considerarse exagerado atribuir esas lacras al sistema institucional del régimen político. Las prácticas provenientes del pasado, empero, se apoyaban en él como se apoyan hoy en día. Ni la reforma del Poder Judicial, ni alguna otra ha contribuido seriamente a erradicarlas. Son, indudablemente una de las marcas más visibles de un pasado que se niega a morir y de un presente que no ha sido capaz de ajustarles las cuentas. La democracia pluralista, empero, ha hecho más visibles los hechos que las caracterizan. Si fuera posible una nota optimista sobre el punto, habría que agradecer a esta decisión del pueblo de México ponerlas a la vista toda crudeza. El problema no está en verlas, sino en responder a la cuestión de cómo se les pone un alto. Este seguirá siendo uno de los asuntos pendientes en la agenda del futuro inmediato.

Los arreglos que tenemos actualmente hacen perder al país. No se trata únicamente de que ningún actor haya tomado las decisiones pertinentes para salir del atolladero, sino de que ningún actor podría tomarlas bajo estas circunstancias: todos los demás estarán dispuestos a evitarlo.

Un sistema para un futuro promisorio

Pensar en soluciones llama a establecer prioridades. Qué es más importante: ¿imponer una opción para gobernar con menos obstáculos, suprimiéndolos incluso? ¿Mantener el status quo para que no haya fiel de la balanza y dejar que progrese el deterioro?

Creo que la clave de la respuesta no está en los partidos políticos, tampoco en los poderes o niveles de gobierno. Ninguno la ha sabido encontrar. Desde luego, ellos son imprescindibles para obtener una respuesta razonablemente buena, a la vez por que fuese viable y preferible. Es necesario reconocer que la sociedad mexicana ha iniciado, a la vuelta del siglo, un cambio profundo.

Las experiencias a que ha estado sometida se lo exigen. Un hogar de cada cinco conoce lo que es tener un familiar en el extranjero, es decir, conoce directa o indirectamente alguna forma de exilio económico. El campo mexicano, que alguna vez fue imaginado como el jardín de la patria es improductivo, expulsor de población o fuente de actividades ilícitas como el tráfico de drogas. Las grandes empresas mexicanas siguen viviendo en esa reproducción secular del estanco virreinal que exprime los recursos de la mayoría trabajadora. La industria languidece, salvo por algunas áreas y regiones que consiguieron insertarse en nichos de mercado interno o externo.

La nota distintiva de la sociedad en México es que a partir de los acontecimientos económicos y políticos de las últimas décadas ha optado por la diversidad y la diversificación; ha iniciado procesos de organización independiente cuya magnitud contrasta sobresalientemente con la regimentación estatal a la que estuvo sujeta en el segundo tercio del siglo pasado (y cuyos vestigios aún están ahí). Pero lo más importante de todo es algo que se hace notar poco en los últimos tiempos: la transformación política del país habría sido inimaginable sin una figura central: una ciudadanía que quiere ser sujeto de sí misma, harta del pastoreo al que fueron sometidos sus padres y abuelos.

Podría decirse que esta observación es demasiado optimista. No se puede negar. Pero como registro heurístico no desmerece. La sociedad desborda sus límites tradicionales por muchas vías. La delincuencia, la juventud decepcionada, los desempleados, las mujeres, los indígenas… Hay una autoidentificación con lo distinto de sí mismos que son en sus imágenes del pasado. En especial, un eslabón de la cadena se ha roto: la docilidad que bajo el autoritarismo fue semillero de abyección.

Una sociedad civil fuerte puede ser la base constructiva de un Estado fuerte, no de un Estado desbordado. Las costumbres arraigadas en la política como el clientelismo y el corporativismo están destinados a desaparecer bajo la evolución de una ciudadanía que se sabe plural aunque poco abonen sus líderes formales a desarrollarla, ocupados como están, en sus negocios sin horizonte.

Pero el cambio posible y deseable está al alcance. Desde luego se requieren dirigentes, pero estos a su vez necesitan un nuevo horizonte histórico que no termine en el bono electoral de antier. Que sea capaz de compenetrarse con la sociedad y entender lo que pasa en ella para reformularlo en la política.

La novedad de México al comienzo del Siglo es que ofrece la novedad única en su historia independiente: una sociedad plural que quiere ordenarse políticamente en un Estado moderno. No es un problema exclusivo de organizar el sistema político para que funcione “bien”. Además de esto se exige que sea representativo. Palabra gastada si las hay.

Si el sufragio, largamente enterrado, reprimido y engañado durante el Siglo XX ha emergido como la institución primigenia de la democracia, como una delicada y frágil novedad, su prolongación en representación genuina y de calidad es la asignatura pendiente. Lejos de una discusión estéril sobre nudos y perversiones del sistema político, el desafío es suficientemente claro: ¿tiene el pueblo de México, sus ciudadanos, el poder para tomar decisiones acerca de qué sistema político prefiere y bajo qué modalidades debe operar o no lo tiene?

La respuesta tiene claroscuros: se cuenta con un sistema de partidos para tomar decisiones, pero estos partidos nacieron de cara al poder y con pocos alicientes para mirar hacia los ciudadanos de un modo que se proponga la profundización de la representatividad mediante un esfuerzo explícito por llevar sus preferencias y necesidades al plano de las decisiones políticas. Las anteojeras de la historia y de los intereses particulares siguen teniendo prioridad.

Si las palabras de la Constitución tuviesen algún sentido, podríamos quizá asumir que la ausencia de modalidades para hacer cumplir el artículo 39 de la Carta Magna, presente en ella desde el Siglo XIX y retomado en 1917, es una tarea pendiente de frente a un proyecto democrático de gran calado. A la letra dice: “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de cambiar o modificar la forma de su gobierno”. Este artículo nunca ha tenido una Ley Reglamentaria.


 [MS1]Traducir el rubro de “Otros”.

Esta entrada fue publicada en Democracia, Flacso México, Política. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s